El proyecto de ley de Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, plantea incorporar el delito de acaparamiento al Código Penal. Además, propone una modificación al delito de especulación «con la finalidad de convertirlo en una figura penal de aplicación práctica, y de este modo deje de ser la ‘letra muerta’ que hoy es», señala el texto.
En ambos casos, los delitos implican la afectación al acceso de bienes o servicios de urgencia para la vida o la salud. Así, el acaparamiento o la especulación de precios de medicamentos y materiales de bioseguridad, por ejemplo, tendrían la sanción máxima de 6 años de cárcel.
Esta iniciativa responde a denuncias de usuarios que reportaron alza de precios y desabastecimiento de medicamentos en cadenas de boticas parte del Grupo Intercorp. Algo particularmente grave en el contexto del estado de emergencia sanitaria por COVID-19.
Una respuesta penal
El primer cambio que propone la fiscal Ávalos en su proyecto es volver a incluir el acaparamiento como delito en el Código Penal. El texto de la iniciativa legal precisa que este delito implica acaparar bienes de necesidad urgente provocando desabastecimiento con el fin de alterar los precios en perjuicio de los usuarios.
En este caso, la sanción correspondiente es de 4 a 6 años de cárcel y entre 180 y 365 días-multa.
Respecto al delito de especulación, la iniciativa propone modificar el primer párrafo, precisando que refiere al incremento de precios existentes en el mercado de productos de urgencia. Es decir, el aprovechamiento de un productor, fabricante o comerciante de una mayor demanda de dichos bienes, en el contexto de una emergencia.
Dicho comportamiento tendría la sanción de 2 a 4 años de cárcel y entre 180 y 300 días-multa.
Texto vigente sobre delito de especulación en el Código Penal.
Modificación propuesta por proyecto de Ávalos.
En la exposición de motivos de la iniciativa legal, la fiscal argumenta: «Existen conductas claramente especulativas con ciertos productos y en situaciones específicas, tal como se da cuenta a través de los medios de comunicación, e incluso a veces resultan ser hechos notorios, como ocurre con el precio de medicinas y materiales de bioseguridad, en el actual contexto de emergencia sanitaria«.
Contra el alza de precios
Frente a las crecientes denuncias de usuarios, Indecopi comunicó que cumpliría con verificar una oportuna información sobre precios de medicamentos en farmacias y boticas. Además, señaló que lucharía contra la concentración de precios.
Sin embargo, esta entidad también precisó que no tiene facultades para establecer o controlar precios de medicamentos. En respuesta, un proyecto de ley del partido Frente Amplio propone que la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) pueda fijar precios máximos de productos de salud en contextos de crisis.
La iniciativa de la fiscal Ávalos, que busca atacar el mismo problema, propone que «junto a la acción administrativa, el Estado también pueda hacer uso del ius puniendi«. Es decir, de su facultad sancionadora.
