El Poder Judicial dictó treinta meses de prisión preventiva para la cuñada del presidente, Yenifer Paredes y al alcalde de Anguía, José Medina, por presunta organización criminal y lavado de activos.
Durante la lectura de la resolución, el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, indicó que en este caso se cumple el peligro de fuga y obstaculización por parte de Paredes tras la demora en las diligencias que se hicieron en Palacio de Gobierno, desaparición de videos y pedir que no difundan sus visita en Anguía.
Además, la investigada no tiene arraigo domiciliario, ni por vínculo familiar, ni por trabajo, por lo que no se asegura su sometimiento al debido proceso.
Para sustentar todo esto, se presentó como evidencia documentación de las licitaciones, reportes de depósitos bancarios, hallazgos durante los allanamientos, reportes de vuelos, declaraciones de testigos y de los propios investigados, reportes de inteligencia, entre otros.
Asimismo, Gómez precisó que la prisión preventiva dictada contra Yenifer Paredes y José Medina Guerrero vencerán el 9 y 8 de febrero del 2025. En tanto, la defensa legal de ambas personas anunció que apelarán la decisión.
Reacciones
Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, criticó la decisión de Gómez considerándola “popularmente correcta, pero jurídicamente incorrecta”.
En visión del letrado, la resolución judicial “obedece a la presión mediática” y reprochó al magistrado por haber “cedido”.
En tanto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, indicó que el presidente Pedro Castillo le dijo al Gabinete Ministerial que la situación que afronta su cuñada no lo debilita pues es una persona que “ha crecido en la adversidad”.
Además, dijo que está presto a acudir a una eventual citación en Fiscalía por su presencia durante el allanamiento a Palacio de Gobierno.
Rol de Paredes
Según la tesis del Ministerio Público, existe una organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda con la ayuda de empresas de fachada en donde están involucrados los hermanos Hugo Espino Lucana y Anggi Espino Lucana.
La organización criminal también contaba con personas encargadas de asegurar los lobbies ilícitos, entre ellos los colaboradores Karelim López y Zamir Villaverde y dentro del Ministerio de Vivienda a Yenifer Paredes, quien sería la encargada de coordinar y contactar a diferentes alcaldes para “negociar” obras de manera ilícita.
