La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima incautó una barra de oro de 5.44 kilogramos, valorizada en USD 314, 397.25, equivalente a S/. 1′ 201, 940.69, material que se encontraba en un almacén aduanero del Callao, listo para ser exportado a la India por cuenta de la empresa Aries Ismael E.I.R.L.
Según la documentación presentada por la entidad para realizar el proceso de exportación de la mercancía, la empresa entregó actas en las que se declara como una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de minerales (oro bruto), material que proviene exclusivamente de una concesión ubicada en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, departamento de Puno.
Sin embargo, según el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), no cuenta con registro para actividad de beneficio; asimismo, no cuenta con comprobantes de pago por servicio de las diferentes etapas de metalurgia, datos que, conjuntamente con otros indicios, permitió inferir a la fiscalía que la barra de oro incautada no tiene origen legal.
Ante estas pesquisas, la barra de oro fue materia de inmovilización administrativa por las autoridades aduaneras, debido a que encontraron indicios de la comisión de las actividades de lavado de activos y minería ilegal en la selva puneña de la región de Puno.
En la diligencia participaron el fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso, personal administrativo y peritos de valorización y físico-químico, con el apoyo de efectivos de la DIRILA-PNP.
Finalmente, la barra de oro fue incautada y trasladada a las bóvedas del Banco de la Nación y entregada formalmente al Programa Nacional de Bienes Incautados PRONABI para su administración.
La medida cautelar fue dictada en el marco de la indagación patrimonial abierta en relación con el mencionado material aurífero.
La fiscalía espera que, luego de finalizada la investigación, se proceda a interponer la demanda correspondiente ante el órgano jurisdiccional y, luego de un debido proceso, la barra de oro pase al dominio definitivo del Estado a través de una sentencia judicial.
Fuente: El Comercio
