Según la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar Añaños, cuando se reporta la desaparición de una fémina mayor de 18 años no se le da la debida importancia en las comisarías.

“En enero de 2020 se han reportado 158 notas de alertas de mujeres adultas desaparecidas. Esto significa que en el primer mes del año una mujer cada 5 horas está desapareciendo”, revela Revollar.

Asimismo, de acuerdo a las alertas emitidas por el Ministerio del Interior, en 2019, hubo un total de 2236 mujeres desaparecidas, lo que representaría un promedio de seis casos diarios.

Según la adjunta, las desapariciones de estas mujeres están ligadas a temas de violencia, trata de personas, explotación sexual, acoso, entre otros. Sin embargo, debido a la falta de un registro nacional de estos casos -que debió ser implementado con la Ley N°28022 dada en 2003-, se desconoce cuál es la condición actual de las víctimas.

«El Estado está obligado a activar una búsqueda inmediata en las primeras horas (de denunciada la desaparición) asumiendo que la mujer está viva, está privada de su libertad y necesita ser socorrida. Pero si yo le digo a los familiares que regrese en una semana, hay un tiempo en el cual el Estado la está abandonando», anota Revollar.

Este actuar -refiere- se da pese a que «la desaparición de una mujer no lleva consigo su muerte inmediata. Muchas veces en ese periodo de secuestro son sometidas a brutalidades o torturadas».

Ante ello, Revollar Añaños considera urgente establecer protocolos para abordar estos casos, tal como lo demanda el Decreto de Urgencia 1428.

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