El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un recurso y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo para que “en el día” dispongan la inmediata libertad del exmandatario Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”.

En el documento, se señala que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) —de que el Estado peruano se abstenga de la liberación de Fujimori— “se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso” y que advierte una “falta de competencia”.

“En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, emitida en el caso de autos, apartándose de lo señalado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 7 de abril de 2022, en el marco de la supervision del cumplimiento de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta”, refiere el TC.

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