Kevin David Vargas Valencia, sacerdote de la parroquia Cristo Rey de Juliaca, negó tajantemente estar involucrado en el delito de lavado de activos. Asegura que el abrupto allanamiento realizado el pasado miércoles por el Ministerio Público y la Policía fue un abuso de autoridad.
El clérigo dijo que es mentira que tenga a su nombre seis inmuebles, como se dio a entender durante el allanamiento a la parroquia y otros predios.
Asegura que solo tiene una casa en Arequipa y otra que compró en Juliaca a través del proyecto Techo Propio, cuyas cuotas todavía está pagando. Indicó que sus ingresos mensuales son de S/ 2 500 por la labor de docencia que ejerce, además de otras actividades.
“Me han investigado y no han encontrado absolutamente nada. Creo que el fiscal se dejó sorprender al aceptar o abrir la investigación”, dijo.
Comentó que, al ser sacerdote diocesano, no tiene asegurado su sustento de por vida, a diferencia de los que pertenecen a alguna congregación religiosa. Esa condición le obliga a ser precavido y ponerse a trabajar ante la posibilidad que la Iglesia prescinda de él.
DENUNCIA
Vargas indicó que al parecer la denuncia surgió durante su periodo como director en el colegio San Juan Bautista de Puno, donde laboró desde diciembre de 2013 hasta octubre de 2018.
Señala que personas malintencionadas que llevaron al desfalco a la institución estarían detrás de este escandaloso hecho. Explicó que cuando asumió la dirección del plantel, que no tiene local propio y utiliza las instalaciones de la Diócesis de Puno, tenía una deuda de un millón 300 mil soles. S/ 600 mil correspondían a falta de pagos a docentes y EsSalud. El monto restante es por servicios de las madres Carmelitas.
