Todos los años, los funcionarios y autoridades deben presentar una declaración jurada de ingresos y bienes a la Contraloría General de la República. Es obligatorio hacerlo en dos ocasiones, al inicio y al término del año. Es un deber que esta en la Ley 27482, promulgada durante el gobierno de Valentín Paniagua.

En la declaración, se consignan las propiedades y el sueldo de las autoridades. Tiene como objetivo detectar el incremento inusual del patrimonio durante el ejercicio del cargo. Así, al final de una gestión, se puede conocer con cuánto entró y salió una autoridad.

Fuente: Correo.

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