Dos policías secuestrados y veinte heridos son el resultado los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos del orden en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac.

El efectivo fue amarrado junto a una bandera y es custodiado por un par de manifestantes sobre una garita que fue construida como homenaje a los policías fallecido en el ‘Andahuaylazo’ del 2005.

La garita está ubicada en el puente colonial de la ciudad de Andahuaylas, donde más de 3,000 pobladores siguen protestando exigiendo la disolución del Congreso, la renuncia de Boluarte a la presidencia y nuevas elecciones generales.

Desde el último 9 de diciembre, se han atendido a más de 10 personas heridas en el Hospital de Andahuaylas, según el director del nosocomio, Antony Gutiérrez Torres.

Además, de acuerdo a la Policía Nacional, al menos 10 agentes han resultado heridos por ataques con piedras y palos por parte de los manifestantes.

Durante el segundo día de protestas se han registrado varios enfrentamientos en el centro de la ciudad. Los manifestantes usan piedras, palos y látigos. Por su parte, los agentes responden con gas lacrimógeno para dispersar a los protestantes.

Asimismo, un grupo de manifestantes intentó tomar División Policial de Andahuaylas con piedras. Los agentes policiales cerraron la comisaria a fin de que esto no se concrete.

Por el momento, la ciudad se encuentra paralizada y la población sigue refugiada en sus hogares por la violencia que se vive en la localidad.

La PNP informó que más de cincuenta efectivos policiales de la Unidad de Servicios Especiales de Abancay estarían viajando a Andahuaylas para apoyar a la división policial local.

La Defensoría del Pueblo se pronunció vía Twitter, confirmando el saldo de 16 personas y 4 policías heridos. Además, solicitaron la liberación inmediata del suboficial Walter Silvera Obregón.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte exhortó a la población a mantener la serenidad ante las protestas de quienes muestran su apoyo al exmandatario golpista, quien se encuentra en prisión por el presunto delito de rebelión por quebrantar el orden constitucional al disponer el cierre temporal del Congreso.

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